¿Hasta dónde puede llegar Raúl Castro con el tema migratorio?
La llamada actualización raulista tiene muchos límites, y la reforma
migratoria parece ser uno de ellos
Haroldo Dilla Alfonso, Santo Domingo | 02/01/2012
Nadie debe equivocarse: cuando los intelectuales subsidiarios del
Gobierno cubano, en particular aquellos que no gozan de la protección de
la UNEAC y del cariño del frívolo Ministro de Cultura, afirman algo, es
porque lo oyeron en algún lugar autorizado. Y si hacen sus afirmaciones
en sus giras por las universidades americanas —donde se dan sus duchas
de liberalismo para la exportación— es definitivamente porque alguien
les dijo que lo podían decir.
Por eso, cuando contrasto la hemorragia de declaraciones a favor de una
reforma migratoria —artistas, académicos, ex funcionarios— con lo
afirmado por Raúl Castro en la pasada sesión de la ANPP, no me queda más
remedio que pensar que efectivamente la actualización raulista tiene
muchos límites. Y entre ellos pudiera estar éste de la migración.
Siempre me pareció un alarde de estolidez pensar —como nos sugirieron
algunos de los voceros académicos en sus giras de ultramar— que en este
tema el General/Presidente nos iba a dejar sin aliento por su
radicalidad humanista.
Pero siempre creí —y en esto me gasté mi propia cuota de cretinismo— que
pudo haber puesto algo en la mesa. Pues en realidad el escenario
migratorio cubano es tan abigarrado, opresivo, represivo y miserable,
que hay mucho espacio para donde moverse sin tocar teclas sensibles.
Por ejemplo, pudo anunciar la reducción de tarifas, el alargamiento de
los permisos de estancias en el extranjero, o la eliminación de algunos
documentos medievales como la carta de invitación. Y junto con la
liberación de los tres mil presos —bienvenida la medida— haber permitido
la reunificación de decenas de familias que siguen separadas por
disposiciones de las autoridades migratorias cubanas.
Pero en lugar de cualquier cambio, no importa cuán pequeño fuese, lo que
nos regaló Raúl Castro fue la misma verborrea cansada de cincuenta años
justificando la represión interna por el diferendo con Estados Unidos.
Por un lado, aclaró, nada puede moverse por ahora, porque cualquier
movimiento pone en peligro el "destino de la Revolución y la Patria".
Siempre teniendo en cuenta "las circunstancias excepcionales en que vive
Cuba bajo el cerco que entraña la política de injerencias y subversiva
del Gobierno de Estados Unidos, a la caza de cualquier oportunidad para
conseguir sus conocidos propósitos".
Y por otro, reiteró su compromiso de resolver este problema, sin definir
el problema, ni decir cómo ni cuándo, y menos aún explicar cómo podemos
creerle cuando él ha sido durante cinco décadas uno de los creadores de
esta maquinaria de infelicidad y opresión que es la política migratoria
cubana.
Reitero que este tema será especialmente difícil de resolver para los
dirigentes cubanos, y la propia desproporción entre los voceros clamando
cambios y los cambios que no se producen pudiera indicar las
contradicciones internas de la élite.
Una parte de la cual efectivamente entiende que debe "actualizar", es
decir, producir cambios suficientes para un mejor aprovechamiento
económico de la migración, lo que en la estrecha visión de los
tecnócratas reformistas significa remesadores, turistas y probables
inversionistas. Y otra, que sigue aferrada a los viejos usos rentistas
de la emigración, con captaciones nada despreciables para una economía
en crisis permanente. Y para los cuales los migrantes solo son dos
cosas: o bestias pardas contrarrevolucionarias, o patriotas buenos que
bailan salsa, admiran la bandera y de vez en cuando piden libertad para
los cinco héroes.
Pero más allá de la economía, la manera como el Gobierno cubano ha
manejado la cuestión migratoria la convierte en una pieza clave de su
estrategia de dominación social y política. Para millones de cubanos
viajar resulta una acción imprescindible económica y espiritualmente.
Implica ganar dinero básico para sobrellevar las penurias de la Isla,
encontrar familias y amigos, y finalmente respirar atmósferas menos
asfixiantes. Y es así, por igual, para un obrero que para un intelectual.
Si los cubanos, no importa ahora sus ubicaciones sociales, pudieran
hacerlo sin pedir permisos, fijando libremente las fechas de regresos y
de salidas, y de paso sin pagar los servicios consulares leoninos que el
Gobierno cubano fija, se estaría dando un paso muy importante en el
desmontaje del sistema político autoritario. Un paso que probablemente
pocos en el Palacio de la Revolución estarían dispuestos a dar.
Pero si al mismo tiempo se levantaran todas las disposiciones que
impiden a los emigrados disfrutar sus derechos legítimos como ciudadanos
cubanos (sin ello no hay normalización migratoria) y en particular el
derecho a regresar, entonces este sistema político excluyente y
discriminatorio estaría firmando su propia acta de defunción. Y con
seguridad esto no lo van a hacer ni los tecnócratas mercantilistas ni
los ateridos burócratas ideologistas.
El asunto es muy claro: la política migratoria cubana es un inmenso
mecanismo de expropiación de derechos de los cubanos y cubanas, de
represión, de coacción social y de abusos fiscales. Y esto es válido
tanto para los cubanos insulares como para los emigrados. La ciudadanía
secuestrada que sufren los emigrantes es la contrapartida perfecta de la
ciudadanía incompleta que afecta a los habitantes de la Isla. No podía
ser de otra manera, sencillamente porque una y otra condición son
resultados de un Estado que se coloca por encima de sus ciudadanos para
administrar sus derechos civiles y políticos, los que confisca, delega y
revoca según las circunstancias.
Si en realidad Raúl Castro pretende normalizar las relaciones de la
comunidad insular con la emigrada debe declarar públicamente cuales son
las acotaciones y alcances que prevé. Debe fijar un calendario de
acciones graduales que en un plazo no mayor de tres años (antes de su
salida del Gobierno) conduzcan de manera absoluta e inequívoca al
derecho de los cubanos y cubanas a salir de y entrar al territorio
nacional libremente. Y debe autorizar espacios de debates y
concertaciones autónomas de las comunidades emigrada e insular. Y que,
por supuesto, no son los llamados encuentros de la Emigración con la
Nación, reuniones insípidas entre minorías progubernamentales emigradas
y funcionarios de ese mismo Gobierno. Es decir, ni la nación ni la
emigración.
No hay solución a este asunto si los dirigentes cubanos mantienen sus
políticas de exclusiones, sus discursos maniqueos y sus hipócritas
remilgos ideologistas, escondiendo sus mezquindades tras el vestido
raído de lo que nos queda de la patria. Con un sistema político
aborrecible, una economía en escombros, una población que no crece y
mucha gente que se nos va. Para no volver.
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