Futuras manchas
By ALEJANDRO ARMENGOL
Más allá del mal uso y la falta de control sobre los millones de dólares
que desde hace años viene destinando Estados Unidos para hacer avanzar
la libertad en Cuba, fortalecer la sociedad civil y favorecer el respeto
de los derechos humanos, hay varios aspectos que llaman la atención, en
lo que hasta el momento no ha sido más que un gran derroche de fondos.
En primer lugar hay que señalar el desconocimiento y la prepotencia que
subyace en ese esfuerzo --aparentemente democrático y siempre generoso--
que hasta el momento a lo único que ha conducido es a la impresión de
miles de ejemplares de diversos textos dedicados a señalar la
importancia de los derechos humanos. Lo que en un primer momento pudo
haber sido una labor educativa, se ha convertido en el pretexto perfecto
para justificar costos de imprenta, compras en librerías y elevados
gastos de distribución. El fundamento que ha determinado tan colosal
botadera de dinero es, en el mejor de los casos, de un paternalismo
grosero, por no decir que constituye una muestra de racismo: quienes
viven en la isla no han exigido mayores libertades porque las
desconocen, nunca han leído que existen y ante todo hay que civilizar a
los nativos.
El camino del aprendizaje --de acuerdo a esta estrategia-- abriría las
puertas de una mayor conciencia ciudadana, con la consecuencia de un
aumento en las protestas y una mayor exigencia hacia el respeto de los
derechos humanos. No solo se desconocen las características esenciales
de la naturaleza represiva del régimen de La Habana; se sobrevalora la
función de la propaganda.
Durante el gobierno de George W. Bush, la ilusión de lograr el avance de
la democracia en Cuba llegó al despilfarro de crear una oficina con un
presupuesto de 59 millones de dólares, y un despiste total sobre lo que
ocurre en Cuba. A su cargo estaba Caleb McCarry, un hombre que
desempeñaba una labor que por su suavidad debe haberle producido estrés.
McCarry debe haberse aburrido mucho. Es posible que todavía esté
aburriéndose.
La labor de McCarry y su oficina eran ``acelerar el fin de la tiranía''
de Fidel Castro. Sin embargo, nunca pudo exhibir ni un pequeño logro.
Pero a nadie pareció preocuparle entonces. Ni al Congreso ni a los
contribuyentes. Ahora se reclama diariamente un recorte de los gastos
federales, pero nadie recuerda la contribución de esa oficina al déficit
nacional.
El gobierno de Barack Obama ha mostrado un rostro más sensato, en lo que
podría ser la formulación de una política hacia el régimen cubano, pero
una renuencia casi absoluta a dar los pasos necesarios para el
establecimiento de un trato más racional.
Hasta el momento, la detención del subcontratista Alan Gross se ha
convertido en la principal barrera para lograr un avance en el diálogo
entre ambas naciones. En este sentido, el gobierno de La Habana debe
cerrar el episodio. Un proceso transparente y la repatriación de Gross
resultan indispensables en este sentido.
Al mismo tiempo, Washington debe --de forma unilateral y sin exigir nada
a cambio-- enmendar una serie de errores de los gobiernos
estadounidenses anteriores, a la hora de tratar con La Habana.
Hay que avanzar mucho más allá de la derogación de las sanciones a los
viajes familiares y el envío de remesas, y de una tímida ampliación de
los contactos personales y el envío de dinero. Ante todo, el gobierno de
Obama debe poner fin a la política de cambio de régimen, que mezcla el
unilateralismo en el terreno internacional con la utilización selectiva
de los opositores residentes en el país, y realiza una evaluación de la
situación cubana en la cual desprecia el pragmatismo, en favor de un
juicio ideológico sobre los factores y protagonistas que supuestamente
tienen la capacidad de influir sobre el proceso, con el fin de imponer
un modelo de transición.
De igual forma, eliminar la entrega de fondos con fines de propaganda,
tanto a las organizaciones fuera de la isla --que dicen apoyar a la
disidencia-- como a Radio y TV Martí, cuya labor debe limitarse a la
información verificada y el análisis noticioso de temas diversos, desde
la política hasta la cultura. Esto implica poner fin al periodismo de
barricada y el proselitismo político en favor de determinadas figuras,
desde legisladores hasta supuestos líderes del exilio. Ello, por
supuesto, implicaría llevar a cabo una revisión de los fines y modelos
que llevaron a la creación de ambas emisoras.
e impone el asumir hacia Cuba una política respetuosa, que acepte la
realidad, pero que al mismo tiempo sea capaz de condenar las violaciones
de los derechos humanos que ocurren en la isla. En otras palabras, no
limitar la política internacional hacia un país vecino al campo de los
derechos humanos y los reclamos del exilio de Miami. Es imperioso que
Washington y La Habana conversen para crear los mecanismos que
permitirían una labor conjunta en caso de un derrame petrolero que
afecte a ambos países. ¿Y esa coordinación necesaria debe estar limitada
por las declaraciones exaltadas de los congresistas cubanoamericanos,
los reclamos justos de las Damas de Blanco o la vocinglera radio de Miami?
La actual administración debe establecer las prioridades más acordes a
este país, a la hora de establecer su política hacia Cuba. De lo
contrario, es probable que en el futuro no veamos una nueva marcha del
exilio en Miami, sino las manchas de crudo en sus costas.
http://www.elnuevoherald.com/2011/02/28/v-fullstory/894544/alejandro-armengol-futuras-manchas.html
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