Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) - El gobierno lanzó
recientemente su proyecto de lineamientos de la política económica y
social, para ser aprobado en el próximo congreso del Partido Comunista
de Cuba, previsto para celebrarse en abril de 2011. Al parecer, en los
próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos
continuará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos
laborales.
En Cuba, el sistema económico se basa en la "propiedad estatal
socialista de todo el pueblo" sobre los medios fundamentales de
producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una
serie de medidas para eliminar "subsidios, gratuidades y tratamientos
paternalistas", pero no se mencionas las garantías ciudadanas frente al
poder de una administración que es completamente irresponsable ante sus
gobernados.
El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de
satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano
individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus
empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.
La estrategia ya ha sido puesta en práctica con las recientes
modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado,
las que tienen como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal
del "Estado socialista", en la protección de los trabajadores
disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de éstos.
Frente a esos excesos de poder de la administración socialista, las
garantías laborales son mínimas. Las empresas tienen la facultad de
realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos
masivos y cuestionar la capacidad de los trabajadores para el puesto que
ocupen, alegando "falta de idoneidad".
El obrero, como único recurso de defensa, cuenta con un órgano de
justicia laboral de base, en el que uno de sus miembros representa a la
administración de la entidad que lo despide, o con los tribunales, que
constitucionalmente reciben instrucciones directas del Consejo de
Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el
ejercicio de sus derechos.
No hay derecho a la huelga, y las manifestaciones se permiten sólo si
son organizadas por el Estado o las organizaciones para gubernamentales
llamadas "organizaciones de masas". De todas formas la Constitución de
la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas
puede ser ejercida contra la existencia y fines del Estado socialista.
Evidentemente, los derechos ciudadanos no están en la lista de
prioridades del Estado. El reajuste económico busca únicamente la
supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la
permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a
costa del bienestar de los cubanos.
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