Migración interna, discriminación y xenofobia, la misma cosa
[29-08-2012]
Laritza Diversent
Abogada y bloguera
(www.miscelaneasdecuba.net).- La inusual discusión entre lectores, en la 
sección semanal, Cartas a la Dirección del diario Granma, sobre la 
migración de otras regiones de la isla hacia la capital, llama a la 
reflexión sobre actitudes discriminatorias y xenofóbicas que se enraízan 
en la población cubana.
"No podemos darnos el lujo de descuidarnos y que, por negligencia, 
provoquemos una abierta migración interna y de una población flotante 
que nada aporta y mucho perjudica", comentó Pozo Álvarez, en una misiva 
publicada en la sección, el viernes 23 de marzo.
La Habana,  según datos estimado por la Oficina Nacional de estadísticas 
  en el 2010, tiene aproximadamente 2 135 498 millones de habitantes, y 
una población flotante superior al medio millón de personas que la 
visitan o viven en ella temporalmente.
Para el comentarista, estas personas, "en su mayoría ilegales" 
perjudican  "el acceso al transporte público urbano,  a los servicios 
básicos, la vivienda". "Este estrato social no logra insertarse 
adecuadamente, de forma gradual se vuelven portadores de una conducta 
antisocial, al atravesar un deterioro paulatino de su comportamiento 
individual, y en el peor de los casos terminan cometiendo actos 
delictivos",  agregó.
Según el lector las migración proveniente de otras regiones del país 
"Son el reflejo despreciable de una realidad socio cultural, que de 
alguna forma altera el sistema de valores y la imagen de nuestro 
pueblo".  "Se trasladan malos hábitos, comportamientos  inadecuados y 
modos de vida incompatibles que son rechazados por la población", agregó.
"Aunque se han aprobado decretos que reglamentan estos traslados 
espontáneos hacia La Habana, aún existen fallas visibles en su 
implementación", afirmó Pozo Álvarez  en otro de sus comentarios 
publicados  el pasado 20 de abril. El comentarista se refería al Decreto 
217 "De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana"
El decreto impide a las personas provenientes de otros territorios del 
país, residir en la misma sin previa autorización gubernamental.  Les 
exige solicitar, a los presidentes de los gobiernos locales,  a través 
de la Direcciones Municipales de la Vivienda, el reconocimiento del 
derecho de residencia y con él, la libertad de circular dentro de la 
capital.
Hasta la fecha, más de 17 disposiciones legales implementan su 
aplicación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, prohibió a las 
entidades estatales radicadas en la Habana, contratar de manera 
individual, a trabajadores no residentes permanentes en la misma. Igual 
prohibición estableció para las Direcciones de Trabajo, respecto al 
otorgamiento de licencias, para el trabajo por cuenta propia.
La norma emitida en 1997 por el Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, instituye además, un sistema de contravenciones personales, 
para los casos de incumplimiento. Las multas van desde los 200 hasta 
1000 pesos moneda nacional. En todo caso, exige a los infractores, la 
obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.
Los órganos policiales, las Direcciones Municipales de la Vivienda y las 
Oficinas del Registro de Direcciones, se encargan de ejecutar al pie de 
la letra, la norma. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido 
multados varias veces por "ilegal", en virtud del Decreto 217, por cada 
uno de estas entidades estatales.
"Es una realidad cruda que golpea e impacta negativamente en la imagen 
del país", afirmó Pozo Álvarez "De mantenerse estas corrientes 
migratorias espontaneas, no controladas hacia La Habana, la vida en la 
capital será cada vez más adversa e insostenible y eso no podemos 
permitirlo", concluyó.
Incluso las autoridades se exceden en su aplicación. Los órganos 
policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su 
lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en La 
Habana, cuando ninguna norma penal, criminaliza la estancia en la 
capital, como un delito.
Los tribunales revolucionarios por su parte, llegan al extremo de 
declarar en estado peligroso por conducta antisocial, a los ciudadanos 
que, reincidentemente, violentan las disposiciones del decreto 217. La 
aplicación de la medida conlleva hasta 4 años de privación de la libertad.
"La política socio migratoria de nuestro país es muy clara y se 
corresponde con nuestras particularidades,  por lo que ni remotamente, 
es discriminatoria", afirmó el lector del diario Granma.  La 
Constitución cubana, sin embargo,  reconoce que "los ciudadanos…se 
domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades…".
No hay dudas. La discriminación y la xenofobia respecto a la migración 
interna, son estimuladas por disposiciones legales y por actos del 
gobierno, que en contra de los dictados constitucionales, restringe las 
libertades ciudadanas.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=36920
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