Carta abierta a Espinosa Chepe y López Levy: las reformas financieras no 
crean una economía mixta
Una idea errónea, que parte de una concepción equivocada sobre la 
relación que existe en una economía mixta entre lo público y lo privado
Elías Amor Bravo, Valencia | 27/12/2011
Con todos mis respetos, no estoy de acuerdo con la idea de que el 
comienzo de una nueva política crediticia y la autorización de 
subcontrataciones del sector estatal al cooperativo y privado vayan a 
crear una economía mixta, con integración entre los diferentes segmentos 
estatal y no estatal en un mercado nacional común.
Esta es una idea errónea, que parte de una concepción equivocada sobre 
la relación que existe en una economía mixta entre lo público y lo 
privado. Y aunque algunos analistas observen diferencias en el actual 
proceso con los cambios producidos tras el período especial, nada nuevo 
cabe apreciar de las modificaciones que se vienen introduciendo en la 
economía castrista por las autoridades.
Para empezar, la nueva política crediticia que entró en vigor el pasado 
20 de diciembre no se dirige al conjunto de los actores económicos, sino 
a aquellos que las autoridades consideran que deben participar, a saber, 
pequeños agricultores, trabajadores por cuenta propia, las llamadas 
"nuevas formas de gestión", y los particulares que van a construir una 
vivienda. Los préstamos se deben respaldar con garantías que, en muchos 
casos, no están al acceso de toda la población (segundas residencias en 
zonas de ocio, financiación complementaria, etc.) de modo que la 
limitación en el acceso a los fondos será un elemento determinante de la 
distribución desde el primer momento.
Los economistas saben que el crédito per se, no significa apertura 
económica. No existen experiencias en la historia que muestren la 
relación directa entre actividad crediticia y desarrollo económico, si 
previamente no se consolida un sistema jurídico basado en la existencia 
de derechos de propiedad estables y predecibles, basados en el absoluto 
respeto a la Ley.
Por desgracia, este postulado no se observa en la economía castrista, 
donde las actividades privadas se encuentran sometidas a un marco que 
mejor podría calificarse como trabajo por cuenta propia a cuenta del 
Estado, que retiene para sí la mayor parte del capital productivo del 
país y que no permite la acumulación de la renta, ni de la riqueza, ni 
el crecimiento sostenible.
La idea de que la nueva política crediticia puede permitir la entrada de 
pequeños negocios, también puede resultar errónea. Lo que sí puede 
producir son pequeños negocios que arrojarán cifras elevadas de 
mortandad. Lo que tampoco sería negativo, si existiera entre ellos 
posibilidades de reinversión, de reestructuración. Sabido es que en la 
economía de mercado libre, la caída suele ir acompañada del éxito, y 
viceversa en ocasiones. Pero en el régimen castrista, con un número 
relativamente reducido de ocupaciones para ser desempeñadas por 
trabajadores independientes, no existe el mínimo espacio para los 
negocios, tal y como los conocemos en Occidente.
La política diseñada por las autoridades ni es eficiente ni se va a 
desarrollar con criterios racionales, sino que se plantea como una 
actividad burocrática más que convierte a la banca en una rama más del 
poder estatal. Con ello, el Gobierno, eliminando la libertad de mercado, 
asegura un uso ineficaz de los recursos sin duda limitados y 
artificiales, porque no se corresponden con una política previa de 
ahorro, sin que ello redunde en una mejor administración de los pequeños 
negocios privados como del sector estatal. En ocasiones, la obsesión por 
corregir las distorsiones del modelo de economía de mercado entorpece 
las enormes dificultades e ineficiencias del modelo estalinista de 
planificación central sin propiedad privada, de modo que la estrecha 
dependencia del sector bancario del Estado, su dueño real, es un mal 
adicional a todo este nuevo proceso.
Además, no parece que las medidas supongan incentivo alguno para el uso 
eficaz de unos recursos cuya cuantía, por otra parte, se desconoce. Las 
variables monetarias en Cuba arrojan elevados niveles para el dinero en 
manos del público y las posiciones más liquidas, más del 40 % del PIB 
actualmente, pero no se conoce con exactitud cuál es el nivel de los 
depósitos del sistema bancario que se pueden conceder como préstamos. No 
existe un mercado de fondos prestables, sino una caja ciega para repartir.
Tal y como está diseñado, el sistema crediticio castrista carece de 
reglas adecuadas para dejar caer a los que fallen, premiando a 
posteriori a aquellos que logren rendimientos positivos, abran nuevos 
mercados o generen nuevos productos. Dado que el objetivo no es éste 
último, ya que al régimen no le interesa que estas nuevas actividades 
prosperen, la orientación de la banca como actividad estatal podrá 
dirigirse al control, la inspección y la vigilancia y eventual delación 
de aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos empiecen a 
aumentar de forma notable.
Poco podemos esperar, por tanto, de un nuevo sistema financiero 
castrista que nace opaco, ineficiente, burocratizado y con poco interés 
en apoyarse en otros instrumentos, como los microcréditos. Se tiene la 
impresión de que el nuevo mercado crediticio se pretende construir de 
forma lenta, como todas las reformas que se están introduciendo, a pesar 
de que existe una necesidad real de disposición de fondos para acometer 
las actividades sobre todo, en el campo cubano.
Si las autoridades apoyasen la política de microcréditos libremente, el 
sistema podría mejorar de forma notable, pero tal y como se han 
introducido en la norma, se convierten en mecanismos de garantía frente 
a fallidos que posiblemente reduzcan su capacidad y potencial de 
crecimiento. De igual modo, cuanto más se insista en la creación de 
empresas municipales que funcionen con una lógica de mercado, peor será 
porque entonces los recursos financieros, ciertamente escasos y 
limitados, se dirigirán a actividades ineficientes e improductivas que 
es preciso evitar. Ni siquiera la subcontratación puede funcionar de 
manera adecuada cuando el Estado posee más del 50 % del PIB de la 
economía de un país como ocurre en Cuba. La iniciativa privada es la que 
mejor puede identificar los espacios para el crecimiento de la actividad 
por su orientación a los beneficios. Superar viejos dogmas existentes en 
amplios sectores de la dirigencia comunista es necesario.
No estoy de acuerdo en que el éxito del nuevo sistema dependa de la 
capacidad del equipo implementador de las reformas para manejar los 
tiempos, fases y secuencia del desarrollo del nuevo sistema financiero 
como señalan algunos. Todo lo contrario. Si se liberalizase la actividad 
financiera, la competencia entre privados mejoraría notablemente la 
asignación de recursos y frenaría el crecimiento de los precios, es 
decir, del coste del dinero. Coincido en que es preciso evitar 
tendencias inflacionarias. La competencia entre prestamistas y 
prestatarios debería situar los tipos de interés reales a los niveles 
del crecimiento potencial, y ello con baja inflación, asegurar la 
necesaria estabilidad en el coste del dinero. Cualquier manipulación 
política de los tipos de interés en esta fase embrionaria, puede 
resultar contraproducente para la evolución del sistema en su conjunto.
Además, si el sistema bancario utiliza los créditos existentes para 
promover los contratos y la integración entre las entidades estatales y 
los actores cooperativos y privados como señalan algunos autores, la 
tendencia a corto plazo será una disminución de la financiación para los 
trabajadores por cuenta propia o la construcción de vivienda. En ese 
sentido, no es posible promover la competencia entre los gestores cuando 
esa competencia no existe en la mayor parte de los sectores de la economía.
En cuanto a la inversión de los cubanos residentes en el extranjero, 
dudo mucho que el Gobierno vaya a introducir alguna reforma en ese 
sentido. Los fondos procedentes del exterior, en forma de remesas, se 
están destinando principalmente a paliar situaciones de grave escasez, 
necesidades directas de consumo, y son pocas las familias que pueden 
permitirse canalizar esos recursos hacia nueva financiación para 
impulsar actividades por cuenta propia. Ningún empresario de la diáspora 
abrirá cuentas en los bancos locales hasta tanto no se regule de forma 
estable y predecible los derechos de propiedad, punto de partida 
fundamental para todo este proceso.
Dado el atraso del sistema bancario cubano, otras opciones como las 
transferencias entre cuentas corrientes, el cargo en cuenta, o los 
ingresos en cuenta, tendrán un uso limitado por la falta de conocimiento 
por parte de la población y el nivel deficiente de la tecnología 
existente. La diversificación de los medios de pago solo tiene sentido 
en una economía cuando existen muchas oportunidades de compra y pago, y 
esto no parece que sea el rasgo determinante de la economía castrista en 
la actualidad. Un ejemplo puede ser el uso de tarjetas de crédito, 
generalizadas en el mundo entero, y un absoluto desconocido en la 
realidad de la economía castrista.
La construcción de una economía mixta como soñamos algunos será muy 
difícil por no decir imposible, con estas reformas financieras limitadas.
Con todo mi afecto.
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