28 de octubre de 2016

Cuba viola la Convención contra la tortura

Cuba viola la Convención contra la tortura
El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
Convención contra la tortura, resaltó una serie de incumplimientos por
parte de Cuba en 2012, que siguen sin resolverse
Marlene Azor Hernández, Ciudad de México | 28/10/2016 9:53 am

El 28 del presente, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Sin embargo, el Gobierno cubano no ha ratificado los
Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos que firmó en 2008.
El Gobierno cubano ha ratificado varias convenciones relativas a la
protección de los niños, contra la discriminación racial, a favor de
proteger a los discapacitados y sobre los derechos femeninos. En este
orden también se adhirió y ratificó el Convenio contra la tortura de
Naciones Unidas desde mayo de 1995.
El Comité de la ONU, encargado de verificar el cumplimiento de la
Convención contra la tortura y proponer las sugerencias para la
aplicación de los artículos de la Convención, resaltó una serie de
incumplimientos en junio de 2012[1]. Aun hoy, los activistas de Derechos
Humanos en Cuba reportan las mismas arbitrariedades señaladas en ese
informe.
No existen garantías procesales para los ciudadanos cubanos al no
respetarse el habeas corpus: el necesario examen médico, el aviso a los
familiares, y el acompañamiento de un abogado defensor desde el inicio
del arresto. Tampoco se le dice al detenido sus derechos, las causas de
su arresto, y no se le presenta inmediatamente ante un juez. Por otra
parte, el detenido no cuenta con un mecanismo eficaz para impugnar la
legalidad de su detención.
El informe constata el hacinamiento en las cárceles, malnutrición, falta
de higiene e insalubridad y atención médica inadecuada a las que estaría
expuesta la población reclusa. Se denuncia también limitaciones
injustificadas a las visitas de familiares, traslados a centros
penitenciarios alejados del entorno familiar y social del detenido,
internamiento en celdas de aislamiento en condiciones degradantes y
abusos físicos y verbales a los reclusos.
Los arrestos arbitrarios, secuestros exprés de artistas, activistas de
derechos humanos, periodistas independientes, y opositores de todo signo
político, han aumentado desde 2012-2016. En 2012 los arrestos
arbitrarios fueron de 6.602; en 2016 hasta septiembre, 8.805 arrestos en
iguales condiciones de vulnerabilidad e indefensión jurídica y penal[2].
No incluye el informe los allanamientos ilegales y violentos contra
asociaciones de juristas independientes, periodistas independientes y
activistas políticos. No existe orden legal para allanar las viviendas,
se roba por las autoridades los instrumentos de trabajo, expedientes de
clientes y bienes personales, sin posibilidad legal de recuperar esos
"robos", llevados a cabo por la policía y los órganos de la seguridad
del Estado.
Los casos recientes son el Centro Cubalex, el Centro Jurídico de Pinar
del Río y la incautación en el aeropuerto de sus bienes al activista
opositor Carlos Amel de la UNPACU, razón por la cual Amel inicio una
huelga de hambre de varias semanas.
Por otra parte, el informe señala situaciones de detención preventiva
prolongada y detención de carácter indefinido con base en lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal cubano, que
afectarían especialmente a personas privadas de libertad por motivos
políticos. El Comité lamenta la falta de información relativa al número
y situación de personas privadas de libertad acusadas de un delito
contra la Seguridad del Estado, conforme al artículo 243 de la Ley de
Procedimiento Penal. Por último, preocupa también al Comité la
ambigüedad de la situación jurídica de los presos excarcelados bajo
"licencia extrapenal", así como las informaciones recibidas sobre
restricciones arbitrarias de su libertad personal y de libre
circulación. En particular, el Comité señala su preocupación por la
situación de José Daniel Ferrer y Oscar Elías Biscet. Estas
arbitrariedades se mantienen hoy.
El Gobierno cubano, en síntesis, no ha cambiado su legislación penal
para incluir el delito de tortura en su código, no ha transformado las
prácticas de la policía, la seguridad del Estado y los tribunales en
relación a las condiciones de arresto, ni en las condiciones en las
cárceles. ¿Tiene derecho el Gobierno cubano a reelegirse en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU?

[1] Página web de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, Cuba en
http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CUIndex.aspx.
Recomendaciones en Committee against Torture
Concluding observations (2012) CAT/C/CUB/CO/2. Consultado el 26 de
octubre de 2016.
[2] Página web de la Comisión cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, ilegal en Cuba. En
http://ccdhrn.org/informes/informe-mensual-sobre-represion/

Source: Cuba viola la Convención contra la tortura - Artículos - Opinión
- Cuba Encuentro -
http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/cuba-viola-la-convencion-contra-la-tortura-327400

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