José Fornaris (PD)
LA HABANA, Cuba, julio (www.cubanet.org) -  El quinto período de 
sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular sesionará a partir del próximo 28 de julio durante cuatro días. 
Los medios en la isla, todos al servicio del Estado, han dicho que los 
diputados  "discutirán decisivos temas de la vida económica, política y 
social del país".
Sin embargo, a la vez, apuntan que los diputados analizarán los 
proyectos de ley del Código de Seguridad Vial y la modificación de la 
división política administrativa, es decir, hablar sobre la propuesta de 
crear dos provincias de la actual Habana campo, reintegrar Varadero a 
Cárdenas y hacer algunos ajustes territoriales en Guantánamo.
También dicen que se discutirá acerca de los resultados de la comisión 
temporal de análisis de quejas y solicitudes de la población, y chequear 
la liquidación del presupuesto del primer semestre de 2009.
Es evidente que nada de eso es "decisivo para la vida económica, 
política y social del país". Así que los temas son otros. Los rumores, 
sin confirmar, aseguran que algunos de los cambios preludiados por Raúl 
Castro serán anunciados durante el desarrollo de esa reunión. Entre 
ellos se mencionan la autorización a la compra y venta de casas, 
privatizar pequeños comercios y algunos centros de prestación de 
servicios, ampliar sustancialmente la gama del trabajo por cuenta 
propia, y dar al traste con la llamada tarjeta blanca (permiso de salida 
del país).
Todo eso es pura especulación, pero quizás se esté cerca de la verdad, 
porque el propio General Castro  afirmó en meses recientes que más de un 
millón de trabajadores sobran en los centros presupuestados, y la 
carencia de artículos de primera necesidad se ha agudizado. La situación 
económica del país no parece ser nada halagüeña, y la gente  se 
manifiesta -hasta el momento de forma pacífica- contra el gobierno en 
cualquier sitio y a cualquier hora,
A su vez, no parece que la Unión Europea vaya a dejar sin efecto la 
Posición Común, adoptada en 1996 contra el régimen de los Castro, a 
pesar de la intención de pasar la hoja de la Primavera  Negra con la 
excarcelación de los 52 presos que aun restaban de esa ola represiva. La 
Posición Común se tomó para exigir cambios democráticos y respeto a los 
derechos humanos, y eso  no ha ocurrido.
Estados Unidos tampoco parece estar interesado en cambiar dramáticamente 
su actitud hacia el régimen de La Habana, mientras no existan fuertes 
indicios de que los derechos de la población cubana son respetados por 
la elite gobernante.
Es posible que en la asamblea del  llamado Poder Popular que está a la 
vista, sean adoptadas decisiones de cierta importancia para los cubanos 
comunes. Dentro de pocos días lo sabremos.
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