30 de mayo de 2012

Planificar la injusticia

Planificar la injusticia
Miércoles, 30 de Mayo de 2012 03:37
Escrito por Guillermo Ordoñez

Cuba Actualidad Centro Habana, La Habana, (PD) El matrimonio compuesto
por Lidia Olga Jiménez Hernández y Guillermo Ramírez Mendoza, con una
niña de 4 años de edad, viven bajo el peligro de ser víctimas de
desalojo y demolición por parte de fuerzas mancomunadas de la Dirección
Municipal de Planificación Física y la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR).

Esta familia es una de las tantas que sufre las graves consecuencias de
la profunda crisis de la vivienda que agobia a la sociedad cubana a
causa del monopolio y la ineficiencia con que las autoridades han
tratado un tema tan delicado.

Lidia y Guillermo con mucho esfuerzo han adelantado la construcción de
su vivienda, todavía inconclusa y ahora amenazada de ser demolida, en el
asentamiento conocido como" La Bloquera", en el municipio capitalino
Boyeros.

Durante mucho tiempo, la Dirección de Vivienda se ha encargado de
ventilar todo lo relacionado con estos temas. Las oficinas municipales
de Vivienda responden a la provincial, que a su vez responde al
Instituto Nacional de Vivienda. Toda esta cadena es una madeja de
enredos donde el ciudadano se queda colgado más cerca de la injusticia
que de lo legalmente establecido.

Decenas de miles de familias han sufrido el generalizado deterioro del
fondo habitacional. Varias generaciones de cubanos han crecido en
inmuebles declarados inhabitables o han tenido que esperar por más de
una década la solución a sus problemas en albergues o comunidades de
tránsito, en los cuales viven en difíciles condiciones.

Todo se complica con la tupida red de burocratismo y corrupción que
envuelve los tramites relacionados con la vivienda, de la cual salen
siempre perjudicados los ciudadanos y familias más desfavorecidos. Tal
vez por esa razón aparece este nuevo actor institucional, el Instituto
de Planificación Física, encargado de acosar y despojar a los ciudadanos
que logran armar una vivienda en lo que el gobierno considera
asentamientos o construcciones ilegales.

Son muchos los que viven un vía crucis lleno de expedientes, escalafones
y trámites que nunca dan resultado, así han muerto en las calles o donde
pueden mal acomodarse miles de cubanos mientras esperan por la solución
a su tragedia.

Cabe preguntarse; ¿Dónde estaba el Instituto de Planificación Física
mientras la ciudad caía en el estado de deterioro constructivo que a
todos nos preocupa?

A pesar de esa "planificación", una ciudad donde solo había unos pocos
barrios marginales, hoy exhibe una cadena de "asentamientos" entre los
que destacan La Bloquera, en Boyeros; el Llega y Pon de Casa Blanca;
Cambute y Las Piedras, en San Miguel del Padrón; La Catalina, en
Santiago de las Vegas; El Hueco, en La Lisa; El Matadero, en La Solita;
El Moro, en Arroyo Naranjo, entre otros.

A principios de la década del 70 se creó el movimiento de microbrigadas.
Fue un sueño más. Se comenzaron a construir en la periferia de la
capital una serie de ciudades satélites -Alamar, San Agustín, Abel
Santamaría, Reparto Eléctrico, entre otros- con casi ninguna facilidad
urbanística , las cuales significaron una esperanza de solución, pero
jamás progresaron, mas bien pasaron a ser albergues de trabajadores que
se quedaron alejados de la ciudad y de sus puestos de trabajo.

¿Quién planificó esto, qué papel jugó el Instituto de Planificación
Física en la creación de tales engendros urbanísticos?

Las autoridades parece que han perdido el sentido de sus
responsabilidades. Desproteger al desposeído no es dar solución.

Casos como este de Lidia y Guillermo no son aislados. Esto es solo un
ejemplo de la mala actuación del estado cuando deja al ciudadano sin
derechos.

Como tantas otras víctimas de abusos e injusticias, Lidia y Guillermo
han acudido a varias instancias gubernamentales sin recibir respuesta:
pueden ser desalojados y su vivienda demolida en cualquier momento.

Al parecer Lidia y Guillermo son víctimas de una represalia por no
comulgar con la urdimbre de corrupción y soborno que propicia esta
crisis de graves implicaciones sociales y morales. En el mismo lugar
donde esta familia es declarada ilegal, otras también han establecido
sus viviendas y no están expuestas al acoso y las amenazas que relatamos.

Llamar a que tome lugar la justicia ante estos hechos, quizás sea motivo
para que me endilguen el calificativo de contrarrevolucionario o
mercenario manipulado por el enemigo. Amén de ello, si así les place,
¡gracias! Llamar a las cosas por su nombre y analizar cuanto se puede
hacer para evitar esto, tal vez no sea trabajo de revolucionarios.

Para Cuba Actualidad: lizama1961@gmail.com

http://primaveradigital.org/primavera/component/content/article/121-sociedad/4204-planificar-la-injusticia.html

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