Algunas observaciones al informe de Cuba al CDH

Algunas observaciones al informe de Cuba al CDH
Viernes, Mayo 24, 2013 | Por Roberto Jesús Quiñones Haces

GUANTÁNAMO, Cuba, mayo, www.cubanet.org -El pasado 1 de mayo, el
gobierno cubano presentó su informe al Consejo de los Derechos Humanos,
con sede en la ciudad suiza de Ginebra. Ese mismo día, Cubadebate lo
publicó siendo la primera vez que esto ocurre desde 1959.

Partiendo del discurso del canciller Bruno Rodríguez Parrilla ante el
mencionado organismo, es evidente que desde el primer capítulo, titulado
"Metodología y proceso de consultas", el gobierno cubano se contradice,
pues el canciller dijo que Cuba trabaja por todos los derechos humanos
para todos los cubanos y, si fuera así, la lógica indica que las
consultas para la elaboración de dicho informe deberían haber tenido en
cuenta la opinión de los cubanos agrupados en numerosas organizaciones
de la sociedad civil a las que el propio gobierno impide su
legalización, por tanto, ese sector ha sido obviado en este proceso de
consultas a pesar de ser un importante sector a tener en cuenta. Lo
cierto es que todo cubano que discrepa del gobierno públicamente es
discriminado por ello, lo cual constituye una flagrante violación de los
artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que proclaman el derecho de todo individuo a la libertad de expresión y
a la libertad de reunión y asociación pacífica. Este sector de la
población cubana tiene derecho a que en informes de esta naturaleza se
consignen sus opiniones y ha sido excluido.

En el capítulo II, titulado "Marco jurídico e institucional para la
promoción y protección de los derechos humanos en Cuba", epígrafe 5, el
informe afirma que " el país ha continuado fortaleciendo el carácter
democrático de su institucionalidad, con leyes, políticas y programas de
clara naturaleza popular y participativa, conforme a las más altas
aspiraciones del pueblo", sin embargo no se menciona qué leyes ha
discutido el pueblo cubano en estos últimos años pues la última
discusión pública fue con respecto al Proyecto de Lineamientos para el
6to congreso del PCC y sabemos que la técnica empleada en dichas
discusiones fue la de disolver las responsabilidades gubernamentales
entre la masa de oidores carentes de un poder de transformación de
nuestra realidad. ¿Cómo puede afirmarse que se ha continuado
fortaleciendo el carácter democrático de nuestra institucionalidad
cuando en la asamblea nacional del poder popular no se discuten asuntos
esenciales que preocupan a nuestro pueblo , cuando a éste se le
continúan imponiendo cual ucases las decisiones tomadas previamente por
el Buró Político del PCC y los Consejos de Estado y de Ministros ,
cuando todavía no tiene la posibilidad de elegir siquiera al
presidente de una asamblea municipal del poder popular de forma directa,
ni tampoco a los jueces, fiscales ni a ninguna otra persona que ocupa
cargos públicos y sobre todo, cuando aún carece de mecanismos para
controlar la ejecución de sus funciones y revocarlos ?

En el epígrafe 6 de este propio capítulo el informe señala que entre el
2009 y el 2012 se ha continuado robusteciendo el marco jurídico e
institucional en materia de derechos humanos y que se trabaja por
introducir nuevas modificaciones, pero nada se informa sobre la
incorporación total a nuestra legislación de importantes instrumentos
jurídicos, esenciales para la materia, y no existe tampoco la más
mínima evidencia de que si esto llega a ocurrir existirá un respeto
total e incondicional a esos derechos inalienables del hombre.
Igualmente resulta significativo el epígrafe 9, donde el informe dice
que se trabaja por alcanzar un desempeño cualitativamente superior en la
impartición de justicia en momentos en que se ha hecho una norma
mantener encerrados por varios meses sin cargos en contra a los
disidentes y luego ponerlos en libertad sin que medie juicio alguno ni
pronunciamiento público acerca de la inocencia de esas personas
detenidas de forma arbitraria e ilegal. Tampoco señala el informe si se
trabaja para hacer que las revisiones de las sentencias judiciales se
conviertan en un recurso efectivo de los ciudadanos y se despojen del
burocratismo, insensibilidad, injusticia y politización que hoy las permean.

En el capítulo III, titulado "Logros y desafíos en la promoción y
protección de los derechos humanos en Cuba", epígrafe 11, se afirma que
en los últimos cuatro años el país ha impulsado numerosas medidas e
iniciativas en su empeño por alcanzar el más amplio disfrute de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Es
evidente el cinismo de esta expresión, a no ser que para quienes
elaboraron este informe las personas que disienten del gobierno no son
cubanos. Igualmente en el epígrafe 12 se afirma que en Cuba existe una
materialización efectiva de los derechos fundamentales refrendados en la
Constitución, sin embargo, nada se señala en el informe sobre la
discriminación política que de forma permanente y sistemática el
gobierno ha ejercido en contra de los cubanos que se han atrevido a
oponérsele, práctica que se ha concretado en la expulsión de los centros
de trabajo, en la prohibición de ascender en la estructura laboral o
social, en acosarlos de forma violenta, en detenerlos y hasta privarlos
de libertad ilegalmente, lo cual viola lo establecido en los artículos
41,42,44,45,53,54,55,56 y 58 de la propia Constitución cubana.

En el apartado referido al acceso a las tecnologías de la información y
las comunicaciones se afirma que aumentó la calidad en el uso y acceso
social a las mismas, pero para los cubanos esto se traduce únicamente en
que hay más espacios públicos con ordenadores y nada más, porque no se
dice que en ellos se carece de la posibilidad de acceder a Internet y
cuando en algunos sí se puede el acceso está restringido únicamente a
los sitios que el gobierno permite que sean consultados. Tampoco se dice
que es casi inexistente la venta de ordenadores en las tiendas y que
cuando esto ocurre, al igual que en el caso de la telefonía móvil, los
precios de los equipos o del servicio son fijados en CUC, una moneda en
la que la mayoría de los cubanos no recibe su salario y que tiene un
valor 25 veces superior al de la moneda corriente. Con respecto al
crecimiento de la capacidad de ancho de banda ello no ha beneficiado en
nada al cubano común.

En el acápite dedicado a la pena de muerte el gobierno hace énfasis en
la moratoria existente y afirma que esa sanción está destinada
únicamente a un grupo reducido de delitos. Sin embargo, quien revise el
Código Penal cubano comprobará que dicha pena existe para 22 delitos ,
la mayoría de ellos de clara connotación política.

En lo concerniente a la libertad religiosa no se dice que todavía se
priva a los creyentes cubanos del derecho a que sus hijos sean educados
en escuelas religiosas y que tampoco se permite a la Iglesia contar con
medios de comunicación masiva para trasmitir el Evangelio y participar
activamente en el debate público sobre todos los asuntos que preocupan a
la sociedad cubana actual. La libertad religiosa en Cuba está
constreñida a los templos y a alguna que otra salida pública previamente
autorizada por el departamento de asuntos religiosos del partido.

Nuevamente el gobierno cubano ha enfatizado en los derechos económicos,
sociales y culturales y ha minimizado los derechos civiles y políticos.
Un gazapo lamentable en dicho informe es sin lugar a dudas que al
mencionar el cuerpo legislativo vigente se haya hecho mención a la Ley
No,.24 de 1979 como Ley de Seguridad Social cuando la misma fue derogada
por la Ley No. 105 del 27 de diciembre del 2008. Pero este gazapo no es
nada con el manifiesto interés de ocultar ciertas aristas de nuestra
realidad política y social, algo que sí es un distintivo permanente en
ese informe.

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