Jueves, 29 de Septiembre de 2011 12:19
Roberto Valdivia
Ciego de Ávila, 29 de septiembre de 2011, (PD) Más de 170 familias
residentes en el reparto Canaletas de la ciudad de Ciego de Ávila,
cabecera provincial, declaradas ocupantes ilegales, se encuentran bajo
amenaza de ser desalojadas. Sus casas, construidas con materiales
desechables, cartón, nailon y planchas de zinc, adquiridas en el
vertedero municipal, serán demolidas por las autoridades del territorio.
Estas personas enfrentan fuertes presiones de la Dirección Provincial de
la Vivienda, el Comité Provincial del Partido Comunista y el Poder
Popular, para que se marchen de sus lugares o de lo contrario serán
sacados por la fuerza.
El barrio, declarado marginal e ilegal, comenzó con las construcción de
38 viviendas en parcelas adquiridas mediante el Decreto Ley 259 sobre
entrega de tierras ociosas en usufructo. Luego, el gobierno congeló los
trámites para entregar los terrenos a una empresa constructora militar,
que en las narices de los marginados desarrolla un programa de
construcción de viviendas.
Como parte de las presiones y amenazas a las que están sometidos, el
gobierno situó a pocos metros y en horas de la madrugada, carros
patrulleros de la policía, bomberos, ambulancias y personal en camiones,
listos para ejecutar el desalojo. Este despliegue intimidatorio se ha
repetido varias veces en el mes y es considerado una forma de tortura
sicológica dirigida a desestabilizar la moral de las familias. Otros
desde los centros de trabajo son presionados con la amenaza de perder el
empleo, si no abandonan sus casas. Algunos que asumieron posturas firmes
fueron cesanteados y actualmente se encuentran desvinculados laboralmente.
En el caso de los primeros 38 acogidos al Decreto Ley y que el gobierno
pospuso los trámites, fueron conminados a apoyar el desalojo del resto
de los residentes, coaccionados con que de lo contrario correrán igual
suerte. En actitud solidaria, ninguno aceptó el chantaje gubernamental y
se mantienen en igualdad de condiciones que sus vecinos. En el lugar
residen gran cantidad de mujeres, niños y ancianos, sin agua potable ni
electricidad, rodeados de vertederos de basuras y desperdicios, donde
proliferan insectos y roedores trasmisores de enfermedades
infecto-contagiosas que comprometen la salud de todos los que allí residen.
Los órganos provinciales del Poder Popular y del Partido Comunista
resaltaron la construcción de viviendas como uno de los logros más
grandes del territorio el pasado 26 de julio. Los servicios informativos
del régimen así lo reflejaron para el mundo, sin embargo, nada se dijo
de estas familias y del engaño a que fueron sometidas. Ambos organismos
se comprometieron a efectuar un censo para legalizarlos con la Dirección
de Viviendas, promesa que quedó en el olvido y que sirvió para calmar
los ánimos y evitar protestas que pudieran empañar los festejos
oficiales por el 26 de julio.
Lo que nadie entiende es por qué permiten a las personas comenzar la
construcción de sus viviendas para después llegar al desalojo. ¿No
hubiera sido más fácil colocar un cartel de prohibición en los
alrededores del terreno? ¿O quizás en el primer momento en que se colocó
el primer puntal, enviar a un inspector y paralizar la construcción?
Estas familias llevan tiempo en la construcción de sus chozas. Muchos de
ellos por necesidad y no sólo para vivienda, también forma parte de las
necesidades, para cumplir sus contratos productivos, en las tierras
entregadas como usufructo. ¿Por qué no legalizarlos y entregarles
materiales de construcción y acabar de una vez por todas con la agonía,
la inseguridad, el descontento y las condiciones infrahumanas a que se
enfrentan?
Para que no queden dudas de que en Cuba existen diferencias de clase,
frente a sus narices, el Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias construye un reparto para militares, con edificios
multifamiliares dotados de todas las instalaciones higiénico-sanitarias
e infraestructuras que garantizan el confort de los moradores. Para
estos privilegiados, sí hay recursos.
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