Otro punto para la agenda de los Derechos Humanos

Otro punto para la agenda de los Derechos Humanos
Muchos cubanos emigrados están haciendo campaña para exigir su derecho a
participar en las elecciones de Cuba
Jueves, octubre 20, 2016 | Miriam Celaya

LA HABANA, Cuba.- En marzo de 2015 salió publicado en esta web un
artículo de mi autoría a propósito del anuncio, en la prensa oficial
cubana, de que se promulgaría una nueva Ley electoral en Cuba en 2018.
Aquel texto levantó no pocos escozores, debido a que –entre otros
tópicos sobre el tema en cuestión– lanzó la idea de reclamar que la
nueva Ley incluyera el derecho de los cubanos emigrados a ejercer el
voto en las elecciones de la Isla, en especial, habida cuenta que para
los efectos de las autoridades cubanas una gran parte de ellos son
considerados como 'nacionales' y en consecuencia su derecho a entrar a
su país natal está sujeto a que porten obligatoriamente el pasaporte que
así los acredita.

Otro elemento a favor de la propuesta era la ventaja que supone para los
emigrados el hecho de vivir en una sociedad libre y tener la posibilidad
de desarrollar campañas a través de diferentes medios, en reclamo de ese
elemental derecho ciudadano, así como de proponer sus candidatos.

Para mayor ventaja, la emigración cubana –y muy especialmente la que
reside en EE UU– constituye en la actualidad una de las más importantes
fuentes de ingresos en divisas para la Isla, por tanto se ha erigido en
un motor económico de capital importancia para el país. Si los emigrados
son una fuerza económica substancial, justo es que también se erijan en
fuerza política con plena participación y derechos. Visto en
perspectiva, la emigración puede ser un pulso político formidable para
forzar los cambios al interior de Cuba.

Algunos comentaristas se escandalizaron ante lo que consideraron una
"legitimización" de la farsa electoral castrista, otros me acusaron de
"hacerle el juego al régimen", mientras los más benévolos y
condescendientes me tildaron de ingenua.

Similares actitudes tuvieron conocidas figuras de la emigración con las
que compartí y fundamenté mis puntos de vista, aunque debo reconocer que
tampoco faltaron quienes se interesaron en el asunto. En todo caso, no
se trataba de una absoluta novedad. Años atrás el destacado opositor
cubano Oswaldo Payá se había apoyado en las grietas que ofrecía la
propia Constitución para promover un referendo a través de su Proyecto
Varela, y sorprendió a la opinión pública al lograr alrededor de 25 mil
firmas de electores dentro de la propia Isla a despecho de la represión
y de todos los riesgos que suponía tan titánica labor en condiciones de
dictadura.

Hubo quienes consideraron erróneamente que el Proyecto Varela fue un
fracaso. Al contrario, no solo demostró la capacidad de recabar la
voluntad de miles de cubanos y de movilizar a la opinión pública
internacional, sino que puso a la dictadura a la defensiva, la forzó a
activar un escandaloso plebiscito que puso en evidencia la farsa
gubernamental y sacó a la luz las debilidades de las propias leyes
castristas.

En la actualidad han surgido voces y proyectos que proponen cambios
sustanciales a tener en cuenta en la nueva Ley electoral, anunciada por
el gobierno para el año 2018, incluyendo el derecho al voto de todos los
cubanos. Afortunadamente, muchos grupos de la sociedad civil
independiente y de la emigración consideran el momento propicio para
incidir desde un marco jurídico inclusivo para avanzar hacia una Cuba
democrática.

Desde luego, reconocer el derecho de los emigrados a participar en las
elecciones implicaría una transformación profunda y radical de la Ley
electoral vigente, que hasta hoy no solo tiene un carácter
ideológicamente encorsetado, sino que además se instituye en base a
presupuestos 'geográficos', puesto que los electores votan por un
candidato de la circunscripción en la que aparecen empadronados y solo
pueden ejercer ese derecho si se encuentran dentro del territorio
nacional –salvo que estén cumpliendo alguna "misión" oficial en el
extranjero, en cuyo caso se habilitan urnas especiales para ellos en los
sitios donde se encuentren–; y 'biográficos', ya que se vota por la
biografía del candidato, confeccionada por la propia Comisión Electoral
Municipal (CEM), encabezada por el Partido Comunista (PCC) y no por un
programa de gobierno que el candidato promueva.

Y puesto que se ha tratado solamente de 'votaciones' por uno u otro
candidato al servicio del mismo gobierno, y no de genuinos
representantes de los intereses de los electores, la primera
metamorfosis que deberá contener la nueva Ley electoral sería
precisamente que refrendara el derecho a verdaderas elecciones para
todos los cubanos, con independencia de su país o región de residencia.

A esto habría que sumar la demanda de elecciones generales y no de
simples funcionarios locales, sin poder real y sin compromiso alguno con
el electorado.

Obviamente, no hay que esperar que la cúpula verde olivo tenga la menor
intención de renunciar voluntariamente a sus fueros "electorales". De
ahí que el papel de la emigración cobre un valor adicional debido a su
capacidad de influir en la opinión pública y en sectores de la política
de sus lugares de residencia para ejercer presión sobre las autoridades
cubanas.

Lo peor es que no solo la gerontocracia guerrillera de la Isla exhibe
récords de tozudez ni es la única que tiene grandes intereses que
proteger, lo cual ralentiza cualquier proceso de transición o de
apertura en Cuba, incluso en el marco de acercamiento propiciado por la
administración del Presidente Barack Obama.

Ciertos grupos de la llamada "emigración histórica" –cualquier parecido
con la "generación histórica" del Palacio de la Revolución no es mera
coincidencia– suele mostrarse tan aferrada a la confrontación como los
propios ancianos dictadores de la Isla.

A este tenor, quizás los políticos representantes de la emigración
cubana en EE UU obtendrían mejores resultados si, en lugar de oponerse
tan obtusamente al restablecimiento de relaciones entre Washington y La
Habana y al proceso de diálogo entre ambos gobiernos, aprovecharan el
nuevo escenario político y consideraran forzar a la Casa Blanca para que
incluya en la agenda de los DD HH la reclamación de la comunidad cubana
de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos en el país que les vio nacer.

Y ya que ante el hecho consumado de nada valen las pataletas de
ahorcados, la ocasión es propicia para dejar de lado intereses turbios
que nada tienen que ver con supuestos celos patrióticos y sacar ventaja
del acercamiento.

Ya existe un gran número de cubanos emigrados que están haciendo la
campaña para exigir que su derecho a participar en las elecciones de
Cuba sea refrendado en la nueva Ley electoral. Habrá que ver si reciben
algún apoyo de los políticos que dicen representarlos, o si los
encargados, por la parte estadounidense, de dialogar con la dictadura
cubana sobre DD HH –que aseguran estar dispuestos a considerar todas las
propuestas y criterios de los cubanos– incluyen en su agenda los
legítimos reclamos de esos otros desheredados de patria y de derechos
por las leyes del castrismo: los emigrados.

Source: Otro punto para la agenda de los Derechos Humanos | Cubanet -
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