Nueva medida contra el sector privado - zancadilla a los emprendedores

Nueva medida contra el sector privado: zancadilla a los emprendedores
"El muchacho que vende helados en mi portal me dijo que cuando termine
el mes no va a seguir alquilando porque no lo dejan vender. ¿Si no puedo
alquilar el portal, de qué voy a vivir?"
lunes, julio 27, 2015 | Osniel Carmona Breijo

LA HABANA, Cuba. – A principios de julio entró en vigor una nueva
medida que prohíbe al sector privado desarrollar negocios en la primera
línea de fachada de las propiedades. Progresivamente los cuentapropistas
están siendo informados de que deben desmantelar en un plazo de hasta
treinta días las estructuras construidas para la actividad comercial en
áreas que lindan con espacios públicos.

Cuando en la década del noventa se aprobaron algunas licencias para
ejercer variantes de trabajo independiente, el Estado permitió que las
personas levantaran las pequeñas empresas donde estimaran conveniente
dentro de su propiedad. El país se despedía del aguinaldo soviético y
atravesaba el momento crítico del período especial. En 2012, para
contrarrestar los efectos del proceso masivo de reducción de plantillas,
por segunda ocasión se posibilitó la contratación de licencias ampliando
la cantidad de figuras elegibles para la práctica del cuentapropismo.
Entonces tampoco se usaron requerimientos sobre el lugar donde montar
el negocio. Más de 400 mil cubanos aparecen registrados como afiliados a
esta forma de empleo.

Ahora, de nueva orden, los particulares en La Habana tienen que demoler,
sin recibir compensación por los recursos perdidos, obras que se
realizaron en un contexto gestionado por el gobierno.

Detalles de la medida

Se trata de la Resolución 59, aprobada por los Consejos de
Administración Municipal –CAM-. La disposición se vincula a reformas
urbanísticas concebidas para corregir violaciones a la planificación
física citadina, y en los primeros compases se aplica prioritariamente a
los dueños de cafeterías y paladares ubicadas en portales o superficies
que limitan con aceras y calles, según informó desde la seguridad del
anonimato una inspectora del Instituto Provincial de Ordenamiento
Territorial, entidad que rectora la puesta en marcha y cumplimiento de
dicha ley.

De acuerdo al testimonio de la funcionaria, desde hace algún tiempo se
estudiaba implementar una reglamentación de este tipo, pero no se
llegaba a un consenso con relación a la extensión de las exigencias. Sin
embargo, a raíz de una serie de reclamos efectuados por grupos
poblacionales con problemas de discapacidad, el proyecto finalmente tomó
cuerpo legal.

"Impedidos físicos sobre todo de los municipios Centro Habana, La
Habana Vieja y el Cerro, comenzaron a quejarse de que en las
inmediaciones de los negocios de cuentapropistas se les dificultaba
transitar", expuso. "El problema radica en que en la mayoría de los
establecimientos, fundamentalmente los de gastronomía, se atiende a los
clientes en las aceras, que en La Habana son bastante estrechas. Había
que tomar cartas en el asunto, ya no se podía seguir dejando para después".

Amplía que vencido el plazo que se ofrece, si no se cumple con la
indicación de retroceder el funcionamiento del establecimiento hasta la
segunda línea de fachada, el portador de la licencia operativa y el
propietario de la vivienda –en caso de que no sean el mismo- serán
multados con cifras superiores a 1500 pesos. Posteriormente, después de
cumplido un nuevo plazo, las fuerzas del gobierno procederán a demoler
las construcciones fuera de la legalidad, junto con el decomiso de los
materiales comprendidos en esta.

En algunos casos por circunstancias especiales se valora no aplicar la
ley, que más adelante se hará extensiva con igual fuerza al resto de las
figuras aprobadas para el trabajo por cuenta propia.

"Mucha gente va entregar la licencia, y eso puede ser un problema. Por
ejemplo, en municipios poco industrializados como Arroyo Naranjo, los
pagos de impuestos constituyen una de las principales fuentes de ingreso
para el gobierno del territorio", comentó.

Recepción de la medida

La comunidad de cuentapropistas no recibe con agrado la medida. Algunos
entrevistados coinciden en que existen solo dos variables en la
ecuación: desembolsar un gasto importante y acondicionar un nuevo local
o devolver la patente.

El denominador común es la inconformidad por tener que acatar una
imposición que subvalora la falta de recursos y espacio habitacional de
las familias cubanas.

En el reparto Mantilla, Héctor Guerrero y su esposa Santa Cuesta
convierten la sala del hogar en un mostrador para la venta de alimentos.

"Quizás hubiese estado bien si te obligaran a atender la clientela en el
portal. Estoy perdiendo tres habitaciones de la casa para poder echar a
andar la cafetería, también perdí los más de 10 mil pesos que había
invertido en el mostrador azulejado y todo el andamiaje que tenía
montado en el portal. Pero ahora estoy teniendo que invertir incluso
más, y no tienen la consideración de bajar aunque sea un poco los
impuestos", reclaman ambos. "Quieren arreglar los problemas creando más
problemas, son unos abusadores. Esto más bien parece una limpieza de
competencia".

Otros con menos suerte anuncian que abandonan la gestión de trabajo no
estatal.

En tal situación se encuentra Rigoberto Martínez, quien no cuenta con
recursos ni espacios para reacomodar su pequeña cafetería de escasas
ofertas.

Martínez argumenta que "esto no alcanza para nada así que con qué dinero
voy yo a crear condiciones. Como quiera tampoco tengo adonde instalar un
mostrador, aquí vivimos nueve personas, el mayor de mis hijos duerme en
el sofá de la sala. Voy a liquidar las deudas con el fisco y buscarme un
trabajo con el Estado o con otro cuentapropista".

Aunque la ley de momento se concentra en los propietarios de negocios
dedicados a la gastronomía, igual perjudica a los que ejercen otras
actividades. Los arrendatarios de espacios se quedan prácticamente sin
opciones de continuar en el sector.

"El muchacho que vende helados en mi portal me dijo que cuando termine
el mes no va a seguir alquilando porque no lo dejan vender. ¿Si no puedo
alquilar el portal, de qué voy a vivir?", se pregunta Emanuel Viscallar,
un jubilado de 73 años.

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