La Unión Europea decidió mantener su posición común frente a Cuba en
espera de una nueva evaluación de las relaciones con la Isla
La decisión obedece a malas experiencias del pasado, la falta de
reformas sustantivas y la experiencia histórica de los nuevos miembros
de la Unión
08:18 a.m. 26/10/2010
El Gobierno español fracasó en su intento de convencer a la Unión
Europea de abandonar la posición común frente a Cuba. En 1996, por
iniciativa de España y su entonces presidente, José María Aznar, los
europeos adoptaron la política de condicionar el avance de las
relaciones diplomáticas y económicas al respeto de los derechos humanos
en la Isla. La modificación de la posición común exige unanimidad y los
Gobiernos de Alemania, Francia, República Checa y Polonia, entre otros,
no se han dejado convencer por las débiles razones del Gobierno de Madrid.
En junio, un diálogo con la Iglesia Católica, apoyado por España,
produjo el inicio de un proceso de liberación de presos políticos en la
Isla. El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, saludó el avance
como el inicio de una nueva era, soslayando la persistente falta de
libertades básicas en la isla.
Las gestiones de Moratinos se estrellan contra esa realidad y las malas
experiencias habidas en el pasado. Cuba le ha tomado el pelo a Europa en
demasiadas ocasiones mediante promesas incumplidas y gestos vacíos, con
mínimas consecuencias para el disfrute de los derechos humanos. El
recuerdo de las esperanzas traicionadas alimenta el escepticismo de
países como Suecia.
El fracaso también obedece a una participación más activa de los nuevos
miembros de la Unión Europea. Durante años, la especial relación de
España con América Latina, sus lazos históricos, familiares y
culturales, la convirtieron en guía de la política exterior regional.
Europa hacía cuanto España recomendaba, en particular en lo relacionado
con el caso cubano. La ampliación de la Unión a 27 países en el 2004
significó la membrecía de ocho naciones otrora sometidas a los rigores
del bloque soviético. Para Polonia y la República Checa, por ejemplo, la
experiencia cubana no es del todo ajena. Sufrieron, como Cuba, la falta
de libertad y el irrespeto a los derechos humanos. La Alemania
reunificada también demuestra hoy su buena memoria.
Karel Schwarzenberg, ministro de Relaciones Exteriores de la República
Checa, fue expulsado de Cuba en el 2005 cuando, en su condición de
senador, se reunió con grupos disidentes y con las Damas de Blanco,
esposas y madres de presos políticos cubanos, quienes hoy piden a Europa
mantener la posición común pese a las liberaciones iniciadas en junio.
No sorprende, entonces, el papel determinante y activo de la República
Checa en contra de la posición asumida por España.
La crisis económica cubana impone al Gobierno de Raúl Castro la
necesidad de mejorar las relaciones con Europa en busca de ayuda e
inversión. Al mismo tiempo, exige reformas económicas, algunas de ellas
dolorosas, como la reducción de las planillas del aparato estatal. Las
cifras van y vienen, pero se estima que más de un millón de puestos de
trabajo simplemente sobran. El Gobierno, en consecuencia, se siente
obligado a experimentar con el trabajo por cuenta propia y otras
fórmulas de apertura de la economía.
Europa debe distinguir, como lo hizo con la liberación de los presos,
entre las reformas obligadas por las circunstancias, hechas sin
propósito de enmendar los problemas de fondo, y el verdadero avance en
materia de respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales. El Gobierno de Cuba promueve una discusión interna,
inevitable, sobre las reformas necesarias para la supervivencia del
régimen, pero guarda silencio sobre los cambios indispensables para que
el pueblo de Cuba se acerque, aunque sea un poco más, al disfrute de los
derechos reconocidos a los europeos.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, recibió el encargo
de evaluar las relaciones con Cuba y proponer la política futura. Entre
las posibilidades figura el establecimiento de un acuerdo bilateral.
Es un paso trascendental cuya adopción solo se justificaría en el marco
de un sincero compromiso de avance en materia de derechos humanos.
http://www.nacion.com/2010-10-27/Opinion/Editorial/Opinion2568643.aspx
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